AVAV
Asociación de Vecinos Afectados por la Vaquería
3 abr 2026
La Fiscalía de Soria ha pedido investigar a seis empresas y dos alcaldes por consentir que el sistema de depuración que surtía al embalse se convirtiera en una alfombra bajo la que esconder los residuos
https://amp.elmundo.es/cronica/2026/04/03/69c64746fdddffe22b8b4572.html
El Val es una presa de hormigón de unos ochenta metros de altura sobre cimientos, levantada a finales de los 90 en el río Val, junto al municipio de Los Fayos (Zaragoza), en la comarca de Tarazona, a los pies del Moncayo. Fue diseñada para almacenar unos 25 hectómetros cúbicos de agua y regular unos 38 hm³ al año con aportes adicionales del Queiles. Sobre el papel era el embalse que iba a dar vida al valle; en la práctica, se ha convertido en el depósito donde va a morir todo lo que la depuradora de Ólvega y Ágreda no quiere tratar.
O si se quiere de otro modo. En el mapa, El Val se asemeja a un pantano más del Pacto del Agua. En la orilla, huele a lo que es; una enorme charca hedionda, la cloaca oficial de dos pueblos sorianos con complejo de polígono químico.
Desde 1997, el vaso no acumula agua: almacena mierda. Literalmente. Aguas residuales urbanas, purines, grasas industriales... todo lo que la depuradora de Ágreda-Ólvega no traga, lo vomita río abajo hasta el pantano.
¿Resultado? El propio jefe de Calidad de Aguas de la CHE, Javier San Román, se refería en 2017 a ese lugar como «el embalse más contaminado de toda la cuenca del Ebro».
El diagnóstico era de manual de desastre ecológico: eutrofización brutal, con concentraciones de fósforo y nitrógeno muy por encima de lo admisible, que disparan las cadenas tróficas hasta convertir el agua en un caldo espeso de algas y materia orgánica en descomposición; oxígeno prácticamente por los suelos, incapaz de sostener peces o invertebrados; y un cóctel de nutrientes que alimenta episodios recurrentes de cianobacterias tóxicas, esas floraciones verdeazuladas que convierten la superficie del embalse en una piel viscosa y potencialmente peligrosa para la salud humana y animal.
Ecologistas en Acción, con datos de 2022 y 2024, habla de un embalse cuyo agua «es peligrosa incluso para el riego» y de un río Val en estado «peor que malo». Los activistas describen como «río muerto» todo el tramo de ocho kilómetros anterior a la entrada de ese cauce en el embalse.
Durante los dos últimos años, han seguido cayendo vertidos «blancos» y espumosos desde la depuradora: sale más barato pagar sanciones que depurar en serio.
El Val es la consecuencia lógica de un modelo que primero levantó una presa sobredimensionada para lucir hormigón y luego consintió, año tras año, que el río que la alimenta se convirtiera en un desagüe industrial.
Entre medias, una depuradora pensada para las aguas sucias de un pueblo normal fue convertida en coladero de un polígono químico en expansión. Ólvega y Ágreda crecieron a base de fábricas y macrogranjas, la planta se quedó corta desde el primer día, el sobrante bajó directo al río y el pantano se fue llenando de porquería.
El Val debía regar y abastecer a unas 50.000 personas pero no riega casi nada porque la contaminación lo hace inutilizable para agua de boca y los regantes se niegan a asumir los costes de elevación y tuberías, de modo que el agua apenas sale del vaso. Lo que sí entra sin parar son purines de una ganadería intensiva desbocada según los ecologistas y los excedentes de una piscifactoría.
Y el chiste no salió precisamente barato. La presa de Val y su embalse costaron en torno a 96 millones de euros de dinero público, según reconocía la propia Confederación Hidrográfica del Ebro a comienzos de los 2000, cuando aún vendían aquello como la gran hucha de agua del Moncayo. A esa factura inicial hay que sumarle ahora otros 6,7 millones largos en proyectos de «mejora ambiental y uso recreativo» —playas, paseos, tomas y tuberías para compensar a Los Fayos por el destrozo paisajístico— que también se cargan a los Presupuestos del Estado.
¿A quién se lo debemos? El embalse se levantó a finales de los 90 con dinero del Estado vía Confederación Hidrográfica del Ebro, arropado por el Pacto del Agua aragonés.
El Val fue precisamente uno de los primeros hijos de ese acuerdo que bendijeron PSOE, Partido Popular, PAR, CDS e IU. Aunque el «pecado original» fue colectivo (el modelo lo parieron el PP histórico y el viejo nacional-hidraulismo), quien lo convirtió en dogma fue el PSOE aragonés de Marcelino Iglesias, haciendo del Pacto del Agua su Biblia de gobierno.
La ministra socialista Cristina Narbona dio luz verde desde Madrid; en Zaragoza, Marcelino primero y Javier Lambán después se limitaron a cortar cintas y a aguantar años de denuncias sin mover un dedo serio para atajar el problema.
En la planta y en la cola del embalse, la responsabilidad es todavía más concreta: los ayuntamientos de Ágreda y Ólvega, gobernados por el PSOE en los años de expansión industrial, permitieron que un sistema de depuración se usara como alfombra bajo la que esconder residuos. Tanto, que la Fiscalía de Soria ha pedido investigar a seis empresas y a dos alcaldes.
Pagamos todos, se forraron unos pocos y el resultado es un monumento líquido a la irresponsabilidad política.